Resumen
Ecuador se ha visto enfrentado a la crisis de seguridad más alta según datos históricos, entre enero y abril de 2025, se identificaron 3,094 asesinatos, lo que significa un aumento del 58 % en comparación con el año anterior. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha incrementado el presupuesto de defensa a 1,621. 8 millones de dólares y ha elevado el IVA del 12 % al 15 %, mientras gestiona préstamos de organismos multilaterales por 11,000 millones de dólares. Este artículo examina cómo esta estructura híbrida de financiamiento—que incluye ingresos fiscales, deuda externa, asociaciones público-privadas, capital de riesgo y, en el otro extremo, flujos ilegales—afecta la capacidad estratégica del Estado. Basándose en legislación nacional, reportes oficiales y literatura académica indexada, se identifican cinco modelos de financiamiento y se analiza su impacto en la prevención, la inteligencia, la infraestructura crítica y la autonomía tecnológica. Los resultados indican que la falta de transparencia presupuestaria y la dificultad para recuperar activos ilícitos son los principales obstáculos: un 20 % del gasto se clasifica como “reservado”, y el Estado confisca solo el 3 % de los recursos criminales detectados. Se llega a la conclusión de que la diversificación de las fuentes de financiación requiere, ante todo, una buena gobernanza financiera: pautas fiscales confiables, contratos de alianzas público - privadas, con indicadores públicos, cláusulas del ESG (Enviromental Social Governance), para la inversión privada y medidas de protección de derechos humanos que mantengan la legitimidad democrática.
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